Recientemente se informó que el gobierno de México recibió la autorización de un crédito de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Para las personas, la noticia puso en foco dos aspectos. El primero se dirige hacia la reflexión sobre el actuar de la administración federal durante este periodo, sobre todo cuando fueron anunciadas diferentes medidas de austeridad que se presumían útiles en estas circunstancias. De tal manera, saltan las preguntas sobre las finalidades de los ahorros promovidos por el gobierno, así como de los recortes presupuestales realizados, más cuando para la percepción de la ciudadanía, el efecto de tales determinaciones no ha podido ser visto ni en casa, ni en calle. De aquí deriva el segundo aspecto, que arroja una inquietud: ¿A dónde va el dinero, entonces? Las personas continúan detectando carencias que no sólo se relacionan con sus posibilidades de tener una continuidad económica, sino también con las oportunidades de contar con lo mínimo institucionalmente indispensable para tener respuestas de una administración que parece dirigir esfuerzos a temas y proyectos de interés político, más que de bienestar ciudadano. 
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