En días recientes Zoé Robledo, director del IMSS, dio a conocer una campaña que busca proteger los derechos de las trabajadoras del hogar en medio de la pandemia. A través de esta iniciativa, se insta a los empleadores a otorgarles seguridad social a las personas que dedican sus actividades laborales a las labores domésticas. El hecho pone foco en uno de los grupos más vulnerados dentro de la crisis económica que provocó la presencia del COVID-19, de tal suerte que pone sobre la mesa un par de perspectivas por parte de las personas. Por un lado, hay quienes defienden el derecho de estas trabajadoras por conservar su trabajo, sin embargo, reconocen dificultades económicas en los empleadores para, por lo menos, pagar su salario completo. Por otra parte, ven imprescindible contar en casa con este tipo de servicio, no obstante, desconfían de continuar con él, a menos que las empleadas domésticas se confinen junto con la familia o limiten el contacto con los suyos. De este modo, puede verse que el debate evidencia tópicos comunes sufridos por las trabajadoras del hogar, pues presenta líneas muy delgadas entre la precariedad y el abuso, así como entre la cautela y la discriminación. 
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