A mitad de semana, Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar la crisis económica que han provocado la presencia del COVID-19 y la caída de los precios del petróleo. La estrategia consta de once medidas de aplicación urgente, entre las que destacaron la reducción voluntaria de salario para altos funcionarios, la eliminación de algunas subsecretarías y la posposición de gasto del gobierno en ciertos rubros. Las acciones de austeridad que fueron comunicadas despertaron opiniones diversas en las personas. Por un lado, hay quienes ven positivo sostener una línea de contención sobre la manera en que el gobierno hace uso del dinero, aunque también manifiestan no encontrar resultados convincentes que den cuenta de la efectividad del ahorro que se promueve con acciones como las referidas. Igualmente, aparecen opiniones que muestran duda sobre lo idóneo de las medidas y consideran que también deberían aplicar los ajustes significativos a los proyectos emblema de esta administración federal. Por otra parte, hay personas que perciben que el plan anunciado se diluye entre otros comunicados similares realizados por el presidente que, bajo el discurso constante de austeridad republicana, parecen dejar ver más una realidad de paro económico incluso en el gobierno, que acciones de impulso para la población que lo necesita. 
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