La apuesta del gobierno para afrontar la crisis económica se percibe como una fórmula riesgosa que no se ha probado, pero también se cree que apela a necesidades del pueblo.
México inicia la fase 3 de la epidemia a la par que se desploma el precio del petróleo de manera histórica. La sobre producción y poca demanda ha llevado a un escenario que las personas comunes y corrientes jamás habían pensado. En días pasados, el barril de petróleo incluso llegó a valores negativos.
El decreto presidencial que se anunció en la mañanera el miércoles 22 de abril es la apuesta que hará el gobierno federal: seguirá adelante con los proyectos estratégicos de infraestructura y con los programas sociales que garanticen salud, alimentación y educación. Pero hay otros elementos que considera clave dentro de su plan de acción:
- Austeridad republicana. Restringir más el gasto del gobierno federal en sueldos y beneficios hasta finales del 2020.
- Las coberturas petroleras que contrató tanto el SAT como PEMEX son seguros que compensan hasta cierto límite la debacle de este producto.
- Aumento en la capacidad de refinación a través de la actual estrategia energética.
- Acuerdo que se hizo entre la Presidencia de la Republica y el Banco de México para capitalizar a pequeños comerciantes y emprendedores mediante créditos a la palabra con la perspectiva de ampliarlo a negocios y empresas de mayor dimensión.
Con el desconocimiento de la mayoría y ante la actitud relajada del gobierno federal, específicamente del presidente, frente a la debacle del petróleo, las preguntas que surgen inevitablemente son ¿la actitud de las autoridades pretende no visualizar el impacto económico que se proyecta un tanto sombrío? O ¿confían tanto en la estrategia económica que implementarán que ya tenían contemplado este escenario?
Lo que le depara a México en los próximos meses es un verdadero reto a través de una apuesta poco ortodoxa por parte del gobierno federal, y que, sin duda, genera opiniones encontradas hacia dónde conducirá al país. 
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