A principios de semana, la Cámara de Senadores dio el visto bueno a la Ley de Amnistía, la cual contempla liberar a personas que hayan sido encarceladas bajo injusticia, procesos irregulares o por condiciones relacionadas con pobreza y marginación. Si bien desde que surgió como iniciativa esta legislación ya había causado polémica, en el contexto de la pandemia cobra relevancia pues uno de los argumentos para aprobarla fue que representaría un gesto de humanidad al hacer posible dar libertad a personas que podrían estar en riesgo si comenzara a haber contagio en los reclusorios. Al respecto, las opiniones de las personas se manifiestan en tres vías. Por un lado, hay quienes ven positiva la situación haciendo mención de que, independientemente de los antecedentes, se debe hacer lo posible por evitar la tragedia que supondría tener población infectada en los penales. Por otro lado, hay personas que sostienen que esta determinación es negativa en tanto añade más complejidad al de por sí ya difícil escenario, pues ello implicaría poner en la calle a personas con inclinaciones a la delincuencia en un momento económico muy crítico. Finalmente, hay percepciones que resaltan la decisión como una medida que busca aliviar problemas como la sobrepoblación de los reclusorios, pero que abonaría muy poco a resolver de fondo contrariedades de antaño en nuestro sistema de justicia. 
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