La instrucción de suspender actividades comerciales en cines, teatros, bares y museos de la Ciudad de México abre el debate sobre la sensibilidad del gobierno en cuanto a la toma de decisiones que podrían tener un impacto en la faceta económica de las familias. La percepción sobre el hecho apunta hacia la idea de que se trata de una medida que apoya el tema sanitario pero que desestima el aspecto laboral de las personas. En concreto, se observa que la instrucción puede favorecer la imagen de empresas y comercios “grandes” en tanto les permite mostrarse como entidades con responsabilidad social, sin embargo, se percibe falta de apoyo en asuntos relacionados con opacidad laboral, como la suspensión de sueldos, por ejemplo. 
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